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Cámara de Representantes pide cierre de Cárcel de alta seguridad de Valledupar

15 junio, 2011

Luego de visita de inspección por parte de Comisiones de Derechos Humanos del Congreso

CÁMARA DE REPRESENTANTES PIDE CIERRE DE CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR



Por unanimidad, la plenaria de la Cámara avaló la proposición presentada por 15 congresistas para que el Gobierno Nacional decrete el cierre de la cárcel de alta y mediana seguridad La Tramacúa, por la grave crisis sanitaria denunciada en los últimos días

BOGOTÁ, 15/06/11. El representante Iván Cepeda Castro logró la aprobación de una carta mediante la cual, la Cámara de representantes les solicita al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la Penitenciaría Nacional de Valledupar, a raíz de la crítica situación sanitaria y de derechos humanos que viven los internos, situación reconocida tanto por el gobierno nacional como por la gobernación de Cesar, la alcaldía de Valledupar y por los organismos de control que visitaron el centro penitenciario el 13 de junio, junto con las Comisiones de derechos humanos de Senado y Cámara.

En la carta, los congresistas señalan que el racionamiento de agua en La Tramacúa se vive desde hace más de 10 años, es decir desde su construcción y puesta en funcionamiento, pero en los últimos meses las condiciones han empeorado, hasta llegar al punto crítico en que hoy se encuentra. Los representantes citan el informe entregado el día 8 de junio de 2011 por el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, quien reconoce que la administración municipal “no está en condiciones, ni tiene la capacidad para resolver la problemática de falta de agua en la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad” y que sólo se está enviando el 10% del agua necesaria para que los detenidos puedan vivir en condiciones de dignidad.

Además reiteran que según datos entregados por el INPEC y por la Fiscalía, este centro de reclusión presenta el número más alto de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de la población reclusa en las cárceles de Colombia, al igual que el mayor número de fallos de tutela que obligan al INPEC a corregir las fallas y cesar las vulneraciones de los derechos.



A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Bogotá D.C. Junio 10 de 2011

Señor

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

Señor

GERMAN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de Justicia

Ref. Solicitud de cierre de Cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar.

Respetuoso saludo,

El pasado 7 de junio de 2011, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, reconoció la crítica realidad que viven cientos de colombianos, recluidos en condiciones inhumanas en la Cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar y ha anunciado “que si el desabastecimiento del agua persiste, se contemplaría evacuar la cárcel”.

Este reconocimiento expreso del gobierno sobre la grave situación en materia de Derechos Humanos en dicho centro de reclusión, va en consonancia con pronunciamientos similares realizados por organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Colombia y el exterior, la Defensoría Nacional del Pueblo, congresistas, y por supuesto con la petición que elevan casi 1400 detenidos, muchos de los cuales se encuentran en protesta desde hace más de un mes, sin que se les haya brindado solución a sus múltiples solicitudes.

El racionamiento de agua en la Cárcel de alta seguridad de Valledupar se vive desde hace más de 10 años, es decir desde su construcción y puesta en funcionamiento, pero en los últimos meses las condiciones han empeorado, hasta llegar al punto crítico en que hoy se encuentra. El día 8 de junio el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, reconoció que la administración municipal “no está en condiciones, ni tiene la capacidad para resolver la problemática de falta de agua en la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad” y que sólo se está enviando el 10% del agua necesaria para que los detenidos puedan vivir en condiciones de dignidad.

Pero éste, no es el único factor que incide en que ésta prisión sea considerada públicamente como una “Cárcel castigo”. Este centro de reclusión presenta el número más alto de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de la población reclusa en las cárceles de Colombia[1], al igual que el mayor número de fallos de tutela que obligan al INPEC a corregir las fallas y cesar las vulneraciones de los derechos[2].

Consideramos el anuncio del ministro, como un gesto positivo que abre las puertas a una pronta solución, que a nuestro juicio debe trascender de una posible evacuación, a un cierre efectivo que suponga una ruptura definitiva con lo que viene aconteciendo, no sólo frente al problema en el suministro de agua, sino también en la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes y actos constitutivos de tortura, a los que se ha sometido a la población reclusa.

Así las cosas, el Estado Colombiano, debe adoptar las medidas necesarias para corregir las falencias estructurales del penal, a la vez que se ponga fin a la violación constante y sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas en la mencionada cárcel, ordenándose en consecuencia el traslado de los internos a sus lugares de origen, de manera que cese el aislamiento familiar y social al que han estado sometidos.

Sin duda alguna un hecho como el cierre de la Cárcel de Valledupar por las razones anteriormente expuestas y que hoy finalmente son de público conocimiento, merece nuestro reconocimiento.

Atentamente,

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara PDA

[1] El INPEC reporta, a marzo de 2011, 690 denuncias contra el personal de la guardia de la cárcel de Valledupar, presentadas ante la Subdirección Operativa de la Regional Norte, de las cuales sólo 36 han terminado con algún tipo de sanción, lo que representa el 5% de las denuncias presentadas; igualmente reporta 92 quejas presentadas ante la Oficina de Control Disciplinario Interno del INPEC, de las cuales, sólo una terminó con sanción (suspensión), es decir, poco más del el 1% de los casos. Por su parte la Fiscalía General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales de las cuales sólo una terminó con resolución de acusación, esto es el 1.7% de las denuncias realizadas.

[2] Según cifras del INPEC, se han presentado 4.421 acciones de tutela en contra de la Cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, de las cuales 1.322 han sido falladas a favor de los reclusos; sin que por ello se hayan cumplido los mandatos judiciales.


OFICINA DE PRENSA
Representante Iván Cepeda Castro
Bogotá – Colombia

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