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¿Locomotoras sin rieles? | Iván Cepeda Castro – El Espectador

12 abril, 2011

Entre resignados y olvidados, miles de atlanticenses esperan ayuda para mitigar su desgracia por el invierno.

En el refugio para víctimas del invierno en Bohórquez hay 1.654 personas.

En el refugio para víctimas del invierno en Bohórquez hay 1.654 personas.

El cielo sobre el campamento de los damnificados de las inundaciones en la zona adyacente al Canal del Dique está cubierto por los buitres que vuelan en círculo. La situación es desesperada. No se ha renovado el contrato con la compañía encargada de hacer el mantenimiento de las pocas cabinas de baño que hay entre las pequeñas carpas. Al mediodía, cuando el sol calienta más fuerte, el hedor es insoportable. El campamento, ubicado en las afueras de la población de Bohórquez, alberga a 422 niños, 1.232 adultos, 144 familias. Ya han muerto cuatro personas por las enfermedades que han comenzado a aquejar a los damnificados, que no cuentan con atención médica. Los niños corren descalzos por la tierra, no pueden ir al colegio porque no hay transporte que los lleve a las escuelas de otros municipios. Los adultos salen desde la madrugada a hacer la interminable fila para recibir algunos víveres que entrega la compañía privada Comfamiliar. Una señora que acaba de llegar de Barranquilla me dice que salió ayer a las 3 de la mañana y que sólo hoy pudo obtener la ayuda. Saca de la pequeña tienda en la que está hacinada con su numerosa familia el paquete que logró recibir. Lo vacia en la tierra: “Nos quieren hacer creer que estos son mercados de $300.000. ¡Mentiras! Como todo lo que nos han prometido la Gobernación y el Gobierno”. Veo unos cuantos sobres de arroz, una bolsa de agua y dos latas de atún. Eso les debe durar quince días. El hambre y la sed los agobian, el sol los agota en medio del árido campamento, pero prefieren el calor infernal a la lluvia. Cada vez que se precipitan las primeras gotas de un aguacero, experimentan el pánico provocado por la certeza de que vendrán nuevas inundaciones invernales.

En Campo de la Cruz, otra de las poblaciones arrasadas por las inundaciones, los campesinos temen por su vida y, además, por sus tierras.

Ya han aparecido compradores ofreciéndoles $4’000.000 por hectárea y algunas familias han vendido. Se han ido de sus hogares ante el escepticismo de que la situación mejore. No reciben ayudas, pero en cambio les están llegando puntualmente los recibos de agua y energía, servicios a los que no han tenido acceso por meses. En muchas de sus parcelas aún quedan las aguas estancadas y no se está haciendo evacuación. Donde ya no hay agua de las inundaciones, las ratas y otras plagas se han adueñado de los predios. No hay interés en que los damnificados retornen. Los líderes de la comunidad creen que la negligencia oficial obedece a que compañías extranjeras y poderosos consorcios nacionales están tras sus tierras, porque allí hay petróleo y coltán —el codiciado mineral que se utiliza en alta tecnología—. Reina la incertidumbre, pues, donde la tierra ya se ha recuperado, el temor de que las paredes del Canal vuelvan a ceder y sobrevengan nuevas gigantescas inundaciones les impide cultivar la tierra y producir sus alimentos.

“La vida de la región depende de que se construya un muro sólido donde se abrió el gran boquete —afirman los damnificados del Canal—. La Gobernación subestima el peligro”. Piensan que se repetirá la historia: desde hace años se advertía de la probabilidad de inundación por la falta de obras en el Canal del Dique, el cual fue construido precisamente con el propósito de ayudar a regular el curso del río Magdalena ante el constante e inminente peligro de inundaciones durante la época de lluvias. Ahora aseguran que se avecinan nuevas catástrofes por la misma causa.

Voy hasta Santa Lucía, lugar donde se abrió hace meses la brecha de 214 metros por la que entró la inundación. Lo que encuentro es un rudimentario muro erigido con sacos de arena. Ya se observan filtraciones y resquebrajamientos en la precaria obra. Me explican que el problema es mayor aún. Además, debe atenderse el riesgo que representan algunos de los boquetes que fueron hechos para evitar los desbordamientos, así como otros lugares en que las orillas del Canal muestran debilidades estructurales. Según quienes conocen el terreno, a lo largo de 115 km del Canal se hallan sitios con diversos niveles de riesgo de inundación. Aunque el gobernador Verano de la Rosa asevera que ya se han contratado los trabajos para sortear esta situación, los damnificados sostienen que las autoridades no les han informado sobre plan alguno con las soluciones integrales y urgentes que la emergencia demanda.

El Gobierno Nacional ha utilizado la alegoría de las “locomotoras del desarrollo económico” como el camino seguro a la prosperidad. Pero la realidad de las regiones del país pone de manifiesto los resultados a los que ha conducido una errática política estatal practicada por lustros. De ese panorama de pobreza de las comunidades y explotación de la naturaleza, hace parte la desastrosa condición de damnificados de inundaciones que saben que en cualquier momento sobrevendrá una nueva catástrofe que, si se quisiera, podría evitarse. ¿Cómo pretender que las “locomotoras” nos lleven a la prosperidad en un país sin “rieles”? ¿Cómo implementar políticas de desarrollo sin políticas para prevenir o atender eficazmente los desastres, sin redes de protección sanitaria, sin una infraestructura básica necesaria, sin una verdadera reforma agraria? La crisis de las inundaciones en el Canal del Dique evidencia esta problemática: el programa económico del gobierno del presidente Santos se fundamenta en locomotoras sin rieles.

*Representante a la Cámara

Enlace al artículo en ElEspectador.com

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