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El ex presidente Álvaro Uribe Vélez y tres ex ministros, fueron demandados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

4 septiembre, 2010

EL EX PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y TRES EX MINISTROS, FUERON DEMANDADOS ANTE LA COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES




Una denuncia penal por dos delitos que se configuran en el código penal colombiano como traición a la patria (menoscabo de la integridad nacional y traición diplomática), prevaricato por acción y abuso de autoridad fue presentada hoy ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro.

La denuncia fue sustentada en la acción de inexequibilidad acogida por la Corte Constitucional el 17 de agosto de 2010 que deja sin efectos el “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América” firmado por el gobierno de Uribe Vélez el 30 de octubre de 2009. El objetivo principal de este acuerdo era autorizar el acceso irrestricto de militares estadounidenses y otros agentes de terceros países, autorizados por Estados Unidos a siete bases militares colombianas, distribuidas en todo el territorio nacional.

Este acuerdo viola la soberanía nacional, lesiona la defensa de la integridad y los intereses de la República para asegurar el respeto y la autodeterminación del pueblo colombiano y vulnera varios artículos de la Constitución.

Así mismo, la Carta Política de Colombia establece que todo acuerdo complementario que involucre nuevas obligaciones para el Estado[1], debe ser sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional. Estos requerimientos fueron omitidos en la firma de este tratado, que entre otras, otorga inmunidad a los militares norteamericanos en suelo colombiano.

El jurista Luís Guillermo Vélez, secretario jurídico de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y vocero de la Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo, calificó la extensión de inmunidad diplomática que el tratado binacional concede a los oficiales norteamericanos, como una afrenta a la soberanía y la dignidad nacional.

“No podemos aceptar que se le entreguen inmunidades, incluso en casos tan graves como crímenes de lesa humanidad en Colombia, y que ningún juez pueda investigar esos crímenes atenta contra la integridad nacional y lesiona la intereses de la república. Por eso se puede sancionar hasta con pena de 45 años de prisión al ex presidente Álvaro Uribe Vélez” afirmó el jurista.

La demanda también va dirigida contra el ex ministro de Relaciones exteriores, Jaime Bermúdez, el ex ministro de Defensa Gabriel Silva Lujan y el ex ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio.

El 19 de agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que él como Ministro de Defensa fue quien inició la negociación del convenio y dijo que se sentiría muy honrado de ser incluido en esa demanda. “Todo mi respaldo al presidente Uribe y a su gabinete”.

Al respecto el jurista Pérez afirmó que “Sería lamentable que el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien desea recomponer las relaciones internacionales con Unasur y con los países vecinos insista en un tratado contrario al mandato constitucional. La decisión de la Corte del 17 de agosto facilita que el gobierno pueda replantear este tipo de acuerdos con los Estados Unidos”

Ante la evidente falta de garantías para que la Comisión de Acusaciones, integrada en su totalidad por miembros del oficialismo, sancione al ex mandatario, Pérez pidió que los miembros cercanos al uribismo o que tengan algún margen de cercanía con los acusados, no participen en esta investigación y se declaren impedidos. “Si no pasa en la Comisión, existen otros mecanismos. Hay un control que ejerce la Corte Suprema de Justicia sobre el comportamiento de los congresistas”.

La Ley 5ta establece que los congresistas que enfrenten conflicto de intereses o alguna casual de impedimento están inhabilitados para participar en los tramites sometidos a su consideración. De no notificarlo así, podrían ser recusados ante las cámaras legislativas. El Artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, determina como causal para la pérdida de investidura de los congresistas la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

El representante a la Cámara, Iván Cepeda advirtió que de no prosperar esta acción en Colombia, sería tramitada ante la justicia internacional.

“Vamos a enviar copia de este expediente a la Corte Penal Internacional. Si en Colombia no actúa la justicia y no cumple los estándares internacionales, puede intervenir la justicia internacional como todos saben, pero además, los miembros del Congreso que no actúen diligentemente también pueden estar incursos en comportamientos que ameriten una investigación por dicha Corte”

[1] DENUNCIA PENAL CONTRA EL EX-PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y LOS EX -MINISTROS DE LA DEFENSA GABRIEL SILVA, DEL INTERIOR FABIO VALENCIA COSSIO Y DE RELACIONES EXTERIORES JAIME BERMUDEZ POR DELITOS QUE CONFIGURAN TRAICIÓN A LA PATRIA (MENOSCABO A LA INTEGRIDAD NACIONAL Y TRAICIÓN DIPLOMÁTICA) Y OTROS COMO PREVARICATO POR ACCIÓN Y/O ABUSO DE AUTORIDAD). Fundamentos de la decisión; 3.4. El Acuerdo involucra, entre otros, los siguientes compromisos: autorización para acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero; facultad de libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales; autorización para el uso y porte de armas en el territorio nacional por personal extranjero; extensión de un estatuto personal de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos; y la previsión de cláusulas indeterminadas en relación con la extensión y prórrogas del Acuerdo, las bases militares e instalaciones objeto del acceso y uso por el personal extranjero…

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