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Víctimas no deben pedir perdón | Opinión – ElTiempo.com

3 julio, 2010

VÍCTIMAS NO DEBEN PEDIR PERDÓN | OPINIÓN – ELTIEMPO.COM



Enlace a la columna de opinión en ElTiempo.com

Por primera vez un tribunal internacional condena al Estado colombiano por el asesinato de un líder político de oposición: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. Los alcances y el carácter trascendental de esta decisión se desprenden de su contenido.

En el texto de la sentencia se encuentran los elementos probatorios para demostrar que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado, planificado y ejecutado por estructuras organizadas que han involucrado a mandos militares y a jefes paramilitares. Comienza a resolverse, de manera definitiva, la polémica sobre este capítulo de nuestra historia contemporánea. Durante largo tiempo, las instancias oficiales han querido negar ese exterminio, atribuirlo al narcotráfico o a las víctimas, quienes supuestamente asumieron posiciones que las dejaron expuestas a la violencia proveniente de múltiples grupos ilegales. A la luz de lo que comienza a establecer la justicia internacional, el genocidio contra la UP es uno de los tantos crímenes de Estado cometidos en el país, que por su naturaleza son crímenes contra la humanidad.

El dictamen internacional se pone en consonancia con los desarrollos que vienen haciendo los tribunales nacionales al condenar a mandos del Ejército y a líderes políticos como “autores mediatos” o, en otras palabras, como dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad. Son precisamente esos avances los que pretenden socavar propuestas como la de fortalecer el fuero penal militar, limitar las atribuciones de las altas cortes o convertir a la Fiscalía en una dependencia del Poder Ejecutivo.

La Corte Interamericana considera que la ejecución de oponentes por razones políticas vulnera directamente la democracia. Con el objeto de poner punto final a la criminalidad de Estado, el tribunal internacional dictó órdenes específicas de reparación. Dichas medidas responden a la necesidad de evitar la perpetración de asesinatos como el del senador Cepeda Vargas, y de buscar la erradicación del contexto ideológico que promueve ese tipo de criminalidad: que se siga incitando a la violencia o justificando la impunidad con la “culpabilidad de las víctimas”. Entre las disposiciones que adoptó la Corte, le ordenó al Estado colombiano que formulara una solicitud de perdón y el reconocimiento de responsabilidad estatal en un acto solemne en el que estuvieran reunidas las dos cámaras legislativas.

Hace algunos días, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo una declaración que presentó a la opinión pública como una petición de perdón relacionada con el caso Cepeda. No obstante, el presidente Uribe no reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ni cumplió con ninguna de las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana. En cambio, aseguró que las víctimas promueven el desprestigio del país en el exterior. No pudo ocultar su malestar por la sentencia. El Presidente convirtió la supuesta solicitud de perdón en un nuevo agravio. Por tal motivo, le escribí una carta en la que le informaba que su solicitud en tales condiciones es inaceptable.

Las decisiones de la Corte Interamericana no son recomendaciones que quedan a consideración de los funcionarios del Gobierno Nacional. Se trata de órdenes para ser acatadas y cumplidas debidamente. De no hacerlo, el Estado se expone a nuevas sanciones y transmite el mensaje de que no está dispuesto a respetar las normas de derechos humanos. Un pésimo precedente a los ojos de otras instancias jurídicas y políticas de la comunidad internacional.

La sentencia de la Corte Interamericana pone las cosas en su sitio. Ni las víctimas son culpables de los crímenes de lesa humanidad que han sufrido ni deben pedir perdón a sus victimarios. Así no les guste a los perpetradores y sus cómplices.

Por Iván Cepeda Castro

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